La incautación o confiscación de bienes es una medida de la autoridad judicial por la que los bienes se retiran de la disposición del propietario para permitir investigaciones posteriores e impedir su uso ilícito.
Si el motivo de una incautación da lugar a un procedimiento penal, puede decidirse la confiscación de los bienes al final de dicho procedimiento, lo que supone la pérdida definitiva de la disponibilidad de los bienes por parte del propietario original. Los bienes confiscados pasan a ser propiedad del Estado en el territorio de la UE, que normalmente los subasta.